El magistrado concluyó que "los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal" como una presunta estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública, informó el diario La Nación.
El mismo medio señaló que Martínez di Giorgi tomó esta decisión "con medidas de prueba que no pudieron completarse, sin haber llamado a indagatoria a los acusados y con los inversores afectados apartados como querellantes por decisión de la Cámara Federal".
El presidente, por su parte, escribió en su cuenta de X que la Justicia "volvió a poner las cosas en su lugar" y volvió a denunciar lo que él denomina una operación política y mediática con fines "golpistas".
"¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor", se preguntó el mandatario.