El uruguayo Sebastián Marset, preso en Estados Unidos, pidió al juzgado del distrito este de Virginia cambiar de representación legal y denunció haber sido víctima de amenazas por parte de agentes de la DEA. Además, se declaró inocente de todos los cargos presentados en su contra. La información surge de una carta escrita y firmada por el propio Marset, publicada por el semanario Búsqueda, con fecha 17 de junio e ingresada al juzgado el 24 de ese mismo mes.

En la carta, Marset alega haber sufrido una “serie de violaciones” a sus derechos fundamentales desde el momento en que fue detenido el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Según su versión, esa detención fue ilegal porque no existía una orden de arresto y no se cumplió con el proceso de extradición. “La entrega a la DEA viola tratados internacionales”, sostiene el documento.

Marset afirma que al llegar a Estados Unidos solicitó representación legal y que ese pedido fue ignorado. Asegura que fue interrogado por agentes de la DEA sin abogado presente y que durante ese interrogatorio los agentes lo amenazaron con que nunca volvería a ver a sus hijos y pasaría el resto de su vida en prisión si no cooperaba. También denuncia que el sumario del interrogatorio fue “falsificado”: según él, se incluyeron declaraciones que nunca hizo y que negaciones fueron grabadas y presentadas como confirmaciones. “Esto constituye un fraude de un documento oficial”, señala la carta, redactada en inglés. Agrega, además, que los agentes de la DEA le pidieron acceso a sus activos en criptomonedas.

Sus abogados actuales, Gene Rossi, Michael Padula y Rodrigo da Silva, se habrían negado a denunciar estas supuestas irregularidades, según Marset. Por eso solicitó ser representado por Robert Feitel, Sandi S. Rhee y Joseph Douglas King. En su carta, también pide no tener contacto con los agentes de la DEA denunciados, a fin de proteger su “integridad y seguridad” y solicita que el juzgado tome nota de las irregularidades que describe.

En cuanto al fondo del caso, Marset argumenta que Estados Unidos carece de jurisdicción para juzgarlo, porque ninguna de las conductas que se le atribuyen ocurrieron en territorio estadounidense. "No soy culpable de los cargos en mi contra", concluye la carta.

La pareja de Marset, la uruguaya Gianina García Troche, también se encuentra privada de libertad, aunque está en Paraguay. Allí es acusada de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, hecho que quedó al descubierto con la investigación A Ultranza en 2021.