La Coalición Republicana anunció en conferencia de prensa que denunciará penalmente, en los próximos días, a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por el presunto delito de abuso innominado de funciones, tras el cierre de la comisión investigadora parlamentaria que analizó la rescisión del contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV).

El anuncio fue realizado este lunes por el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, quien sostuvo que las principales irregularidades del caso se produjeron a partir del 1° de marzo de 2025 y apuntó directamente contra la actuación de la ministra. “Estamos terminando de redactar y vamos a presentar en los próximos días una denuncia penal contra la ministra Lazo por el delito de abuso innominado de funciones”, afirmó Abdala.

El legislador sostuvo que la denuncia estará vinculada con asuntos que eran competencia del Ministerio de Defensa y señaló que Lazo tendría responsabilidad “legalmente, políticamente y penalmente, en la medida de lo que corresponda”.

“Las verdaderas irregularidades acontecieron a partir del 1° de marzo de 2025. En particular, en el mes de mayo quedó demostrado que estaba tomada la decisión de terminar con el contrato. Sin embargo, en junio se pagaron 12 millones de euros y se siguió adelante”, sostuvo.

Abdala afirmó que durante siete meses se omitieron controles y tareas de seguimiento sobre la construcción de las embarcaciones, y cuestionó que el gobierno continuara cumpliendo con las obligaciones financieras del contrato pese a tener la decisión tomada de rescindirlo. “La actual administración pagó 20 millones de euros con relación a la ejecución de un contrato que ya tenía dispuesto terminar desde el inicio”, afirmó.

El diputado nacionalista también responsabilizó a Lazo por haber permitido que personas ajenas al Ministerio de Defensa participaran durante varios meses en investigaciones vinculadas con el caso.

“La ministra Lazo es responsable por la participación y por haber decidido que personas extrañas al Ministerio de Defensa Nacional, durante varios meses, intervinieran en la realización de pesquisas, en obtener información que era confidencial y reservada y en citar a declarar a almirantes de la Armada Nacional, al propio comandante en jefe de la Armada”, afirmó.

Según Abdala, esas actuaciones posteriormente sirvieron como base para investigaciones administrativas realizadas por el propio Ministerio de Defensa. A su entender, se trató de conductas que “notoriamente implican un abuso de funciones por parte de la ministra y, eventualmente, una usurpación de funciones” por parte de quienes intervinieron en esas tareas.

La decisión de rescindir

Durante la conferencia de prensa, otros integrantes de la Coalición Republicana también cuestionaron la decisión de rescindir el contrato y defendieron el proceso de compra realizado durante el gobierno anterior.

El diputado del Partido Colorado Maximiliano Campos sostuvo que la contratación de Cardama se ajustó a derecho, estuvo avalada por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) y no recibió observaciones del Tribunal de Cuentas.

“El proceso de compra de las OPV al astillero Cardama se ajustó a derecho, fue una compra avalada por el Tocaf, no se formuló ninguna observación en el Tribunal de Cuentas y, además, ninguno de los otros oferentes hizo ningún reclamo ni cuestionamiento”, afirmó.

Campos rechazó que haya existido un intento de favorecer al astillero y sostuvo que la elección respondió a criterios de precio y plazo con aval técnico de la Armada Nacional.

Por su parte, el diputado nacionalista Gabriel Gianoli afirmó que, tras cinco meses de trabajo, los cuatro informes elaborados por la comisión investigadora no plantean ningún acto de corrupción. “Estamos frente a una maniobra política de muy mala fe que va a traer perjuicios al Uruguay. No tenemos patrulleras, hemos pagado 28 millones de euros, no sabemos cuánto vamos a perder”, sostuvo.

Gianoli también acusó al gobierno de haber ocultado información durante la investigación: “A la comisión investigadora se le ocultó información, el gobierno mintió y estos actos quedarán demostrados”.

Sotelo apuntó contra jerarcas del gobierno

El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, cuestionó la actuación de varios jerarcas del Poder Ejecutivo durante el proceso que terminó con la rescisión del contrato con Cardama. En particular, mencionó al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez; al prosecretario, Jorge Díaz, y a la ministra Lazo.

Sotelo sostuvo que algunas de las conductas observadas durante la investigación “podrían eventualmente significar la violación de la ley” y planteó que la Justicia deberá determinar si los jerarcas actuaron dentro de las normas que regulan la función pública.

El diputado vinculó esa exigencia con la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato con Cardama y cuestionó cuáles fueron los fundamentos utilizados para tomarla. “Acá hay que ver si los jerarcas actuaron de acuerdo con lo que establece el artículo 23 de la Ley 19823, que es el Código de Ética en la Función Pública, es decir, si pueden determinar cuáles son los motivos en los que se funda esta opción”, afirmó.

Sotelo sostuvo que, a su entender, la existencia de una garantía “inconsistente, insuficiente o falsa” no alcanza por sí sola para justificar la decisión. Además, cuestionó que diez meses después de anunciada la rescisión todavía no esté claro cómo se recuperarán los recursos destinados a las embarcaciones. “Seguimos sin saber con base en qué cálculos, en qué análisis, indujeron al presidente de la República a firmar una rescisión a todas luces ruinosa”, expresó.

El diputado afirmó que será la Justicia la que deberá establecer si existió una violación de la normativa por parte de los jerarcas involucrados. “Aquí tenemos un punto que será la Justicia, a la cual vamos a apelar lo antes posible, la que determine si hubo violación de la ley por parte de estos altos jerarcas del gobierno”, agregó.

Sotelo también se refirió al enfrentamiento entre el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y el fiscal Diego Pérez, luego de que este último cuestionara públicamente las declaraciones de Díaz sobre su decisión de no asumir en la Fiscalía de Delitos Económicos. Pérez acusó al prosecretario de ejercer una “más que evidente indebida injerencia” y de intentar incidir sobre quién quedaría al frente de esa fiscalía. Entre los asuntos que tramita esa área se encuentra el caso Cardama.

A partir de ese episodio, Sotelo sostuvo que existe un elemento especialmente preocupante en torno a la actuación del prosecretario. “Pero tenemos, además, un hecho que no tiene antecedente: tenemos a un fiscal que era el que iba a investigar este hecho, que dice que el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, presionó, como vimos en la prensa, para que no fuera. Pero, además, dice que lo hace porque tiene intereses personales”, afirmó.

El legislador consideró que las declaraciones del fiscal constituyen un elemento relevante para la investigación parlamentaria y cuestionó que Díaz pudiera tener una participación que, según su planteo, afectara la independencia de la actuación fiscal.

Por último, Sotelo cuestionó a Alejandro Sánchez por un pedido de informes que, según afirmó, no recibió la documentación solicitada. “Además, el secretario de Presidencia me respondió un pedido de informe que había mandado con esa información que podía demostrar que el gobierno actuó de acuerdo con lo que establece la Ley 19823, y esa información nunca llegó”, afirmó.

A partir de esa situación, Sotelo atribuyó responsabilidad al secretario de la Presidencia por la falta de entrega de la información solicitada. “Por lo tanto, hay, además, responsabilidad del secretario de Presidencia con respecto a esa conducta”, concluyó.