La Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional resolvió este domingo recomendar al directorio que el caso del edil Gonzalo Gómez pase a la Comisión de Ética, luego de la polémica generada por la contratación como asesor de Pablo Leiva, condenado por lavado de activos vinculado al narcotráfico el pasado 18 de setiembre.
Además, el órgano partidario recomendó aceptar la renuncia de Lucio Leiva, hijo del condenado, como integrante de la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo y tomó conocimiento de que Gómez lo desvinculará de su asesoría en la Junta Departamental. El propio joven había solicitado previamente dejar el cargo.
Según indicaron fuentes políticas a Montevideo Portal, el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, se reunió este domingo con Gómez, quien pidió que su caso fuera derivado a la Comisión de Ética. Posteriormente, el edil compareció ante la Comisión de Asuntos Políticos y se puso a disposición de ese órgano partidario.
Las recomendaciones serán elevadas al directorio del Partido Nacional (PN), que las tratará el próximo 5 de octubre, señalaron las fuentes.
Gómez también comunicó que solicitará licencia al directorio partidario “hasta aclarar todas las responsabilidades” relacionadas con el caso.
“La circunstancia de que una persona condenada por narcotráfico haya accedido a un cargo de confianza política es de enorme gravedad”, sostuvo la Comisión de Asuntos Políticos en su resolución.
El órgano partidario afirmó que el desconocimiento que sus dirigentes tenían de los antecedentes de Leiva “no excusa” la necesidad de “actuar con diligencia y cuidado en la función pública”, así como de preservar “la imagen, conducta e historia de probidad y honor” del Partido Nacional.
“El sistema político, las instituciones y la democracia están amenazadas por el crimen organizado y el narcotráfico”, expresó la comisión, que aseguró que el partido está decidido a permanecer “alerta” y contribuir a combatir el avance de estas organizaciones.
El PN también manifestó su confianza en la actuación de la Justicia y la Fiscalía para determinar eventuales responsabilidades y reivindicó la necesidad de respetar “las garantías del proceso y la presunción de inocencia hasta demostración de lo contrario”.
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“Como nadie está libre de estas circunstancias, solo la acción responsable y decidida de todos los partidos políticos, por encima de diferencias ideológicas, preservará la salud democrática e institucional”, concluyó.
El caso se originó luego de que Pablo Leiva, quien se desempeñaba como asesor rentado de Gómez en la Junta Departamental de Montevideo, fuera detenido en el marco de la Operación Trazador y posteriormente condenado a dos años y seis meses de prisión por lavado de activos y tráfico interno de municiones.
Según expuso la Fiscalía durante la audiencia judicial, Leiva recibía dinero en efectivo proveniente del narcotráfico con el objetivo de introducirlo al circuito legal mediante maniobras de lavado. En el allanamiento de su vivienda y su vehículo fueron incautados cerca de $ 3 millones, además de anotaciones contables, municiones y otros elementos.
Gómez había asegurado, tras conocerse el caso, que desconocía las actividades ilícitas de su entonces asesor. “Nunca tuve conocimiento ni sospeché que pudiera estar vinculado a los hechos que hoy son objeto de investigación”, expresó, aunque reconoció su responsabilidad por “no haber sido suficientemente precavido” al incorporarlo a su equipo.
Por su parte, Lucio Leiva también integraba el equipo del edil y tenía participación en la juventud nacionalista. El joven fue detenido junto con su padre durante el operativo, pero posteriormente quedó en libertad por disposición de la Fiscalía.
En paralelo, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió una denuncia para que analice el proceder de Gómez por haber contratado como asesor rentado a una persona que posteriormente fue condenada por lavado de activos vinculado al narcotráfico.